Leo en El Mundo, que Mark Chapman, el asesino de John Lennon, seguirá entre rejas y que ya lleva 28 años, la justificación del tribunal de Nueva York es que a la opinión pública no le gustaría, y a la vez leo en Libertad Digital, que el etarra De Juana Chaos, el asesino múltiple y terrorista sin arrepentir que fue detenido a finales de los ochenta (varios años después que Chapman), condenado a 3.000 años se encuentra en libertad "habiendo cumplido su pena" (qué sarcasmo), y en paradero desconocido, ¿quizá preparando un futuro de terror para el País Vasco o para el resto de España, concretamente para los que les toque, que serán las futuras víctimas, que sin saberlo, se han quedado sin derecho a la vida o a la integridad física, sin derecho a un padre o una madre, sin derecho a vivir en libertad, sin derecho al trabajo, sin derecho a la PAZZZ (de Zapatero), sin derecho a dialogar, ni hablar, sin derecho a la vivienda, ni a la educación, en fin, un desastre, un desafuero total, una injusticia. ¿Quiénes son los responsables de todo esto?
En primer lugar, los terroristas sin duda, que son los que cometen los delitos, en su libertad, deciden lo peor, claro.
En segundo lugar, los que les alientan desde sus familias, desde su entorno, todo eso que se ha demostrado que cumplen una función apologética permanente, un delito de inducción al asesinato tan recurrente, que no dejaría lugar a dudas de su culpabilidad en ningún lugar del mundo, salvo España.
En tercer lugar, los políticos nacionalistas (todos, tanto vascos, como catalanes o gallegos), que con la justificación, con esa mixtificación de victimismo, educación en la confusión de la ciudadanía y en la generación e incubación del odio más injusto y estúpido, amparados por una libertad de expresión, que en cambio condena a gente decente, inteligente y absolutamente bienintencionada como Jiménez Losantos o intenta procesar a héroes ciudadanos como Francisco José Alcaraz, algo inconcebible salvo en España.
En cuarto lugar, a los socialistas españoles, a casi toda la izquierda y a sus representantes políticos, concretamente el PSOE, que, pese a ver sido algunos víctimas y seguir siéndolo otros, se empeñan en ver la legitimidad de mucho de los anteriormente citados con la excusa de un pasado antifranquista (como si ser antifranquista lo justificase todo), por la idea (quizá acertada) de que fomentándolos debilitan a la derecha y al centro derecha en sus posibilidades de llegar al poder (forzándolos a un discurso antipático muchas veces y apoyarles cuando lo necesitan o quieren), quedándose como partido único en todo el territorio nacional y seguro que en muchas comunidades y por su idea suicida de debilitar el Estado nacional, con la idea de debilitar al estado democrático-liberal, permitiéndoles políticas socialistas más a su gusto totalitario o como mínimo totalizante. Así como, frecuentemente debilitar la posición moral de las víctimas en pos de políticas a corto plazo, que les permitan gobernar con mayor comodidad.
En quinto lugar, a todas aquellas personas que se encargan de hacer cumplir la ley, sean jueces, fiscales, instructores, o de vigilancia penitenciaria que se pliegan a los deseos del poder gubernamental o la presión del entorno etarra, a cambio de tranquilidad para sus personas o familias o por un puesto de trabajo más cómodo o más ascensos laborales o simplemente tener el beneplácito de la presión que ejercen sobre ellos sus compañeros "ideológicamente" identificados con los socialistas o los nacionalistas o ser uno de ellos. Que incumplen sistemáticamente su deber moral con la sociedad a la que sirven, muchas veces su deber legal, que ignominiosamente desarrollan su trabajo en la administración de Justicia, cometiendo o permitiendo injusticias flagrantes y escandalosas, en cualquier lugar del mundo occidental, salvo en España.
En sexto lugar, a todos aquellos legisladores, que con su apatía, con sus complejos o con sus tejemanejes han permitido que se siga incubando el odio impunemente, que se siga alardeando de la utilidad política, social e individual que tiene el terrorismo, dejando al estado de derecho en un estado sin derechos para la mayoría de los ciudadanos pero garantistas de los derechos de los promotores y realizadores de atentados contra las libertades de los ciudadanos (de expresión, de libertad de residencia, de la integridad física y de un futuro en paz y libertad de la sociedad española en general, concretamente a los residentes en algunas comunidades autónomas, a unos colectivos concretos y a muchos de sus representantes, que es como decir, a la democracia en su totalidad).
En séptimo lugar, a los que ejerciendo su libertad de expresión, su ascendiente moral, su capacidad de influencia en la opinión pública, no dudan en cambiar sus interpretaciones de lo que tiene que ver con el nacionalismo y el terrorismo, a sabiendas de su falsedad, a cambio de mantener su puesto de trabajo y sus ingresos en los medios de comunicación, en un partido o asociación o en la universidad y por estar más a gusto en su entorno social y político, creando confusión intencionada, y con ello, inacción en la sociedad civil a la que deben su poder de influencia.
En octavo lugar, todos nosotros, la opinión publica, los votantes, los ciudadanos que por nuestra desidia, ignorancia o nuestra intencionada permisividad, también buscando la tranquilidad (falsa tranquilidad), y la comodidad en nuestro entorno social y familiar. Por nuestra apatía ante el sufrimiento ajeno, por nuestro miedo a ser una víctima más, por nuestra falta de valor en asumir nuestra responsabilidad ciudadana en lo que ocurre, que si ejerciéramos nuestro poder, ninguno de los antedichos podría actuar así impunemente.
